El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ofreció este lunes un balance sobre el proceso de liberaciones que se lleva a cabo en el país. Según el funcionario, un total de 808 personas han sido excarceladas desde antes del mes de diciembre, en el marco de una revisión de casos ejecutada por el sistema de justicia venezolano.
Durante su intervención, Cabello fue enfático al rechazar la terminología utilizada por organismos internacionales y defensores de derechos humanos. «En Venezuela no hay presos políticos, aquí hay gente que cometió delitos y se están revisando sus expedientes», afirmó, desvinculando estas medidas de cualquier tipo de presión internacional.
Duras críticas contra las ONG
El ministro lanzó fuertes acusaciones contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que brindan asistencia legal y seguimiento a los detenidos. Cabello calificó a estas instituciones como «mafiosas y extorsionadoras», asegurando que funcionan como centros de cobro hacia los allegados de los privados de libertad.
“Le están pasando facturas a los familiares de los detenidos”, denunció el titular de la cartera de Interior y Justicia, señalando que estas organizaciones utilizan la situación de los detenidos en Venezuela con fines de lucro y manipulación política.
Proceso de revisión judicial
Las declaraciones de Cabello coinciden con el anuncio realizado recientemente por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de un «número importante» de personas. Este proceso se da tras las detenciones registradas en el contexto de la crisis poselectoral del pasado año.
A pesar del alto número de excarcelados, el ministro insistió en que el Estado venezolano actúa bajo criterios estrictamente jurídicos. Reiteró que la revisión de medidas cautelares responde a una voluntad propia de las instituciones del país y no a concesiones políticas.
Contexto nacional
Mientras el Gobierno mantiene su postura de que los procesados enfrentan cargos por delitos comunes o actos de violencia, familiares de los detenidos y diversas plataformas de derechos humanos continúan exigiendo la liberación plena y el cese de la persecución. El anuncio de las 808 excarcelaciones representa un movimiento significativo en el tablero político actual, aunque el estatus legal de muchos de los liberados aún permanece bajo régimen de presentación o restricciones judiciales.
