En una jornada marcada por el dolor y la exigencia de justicia, las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se convirtieron este martes 3 de febrero en el epicentro de una masiva protesta. Decenas de ciudadanos, encabezados por la Federación de Centros de Estudiantes (FCU-UCV), se concentraron para demandar la inmediata aprobación de una Ley de Amnistía que ponga fin al cautiverio de quienes hoy son considerados presos políticos en Venezuela.
La manifestación, que inició pasadas las 10:00 a.m., surge como respuesta al estancamiento de las promesas gubernamentales. A pesar de que la administración de Delcy Rodríguez anunció el pasado 8 de enero la liberación de un «número importante» de detenidos, los familiares denuncian que en centros críticos como Zona 7 (Boleíta), la realidad es el silencio y el encierro persistente.
Relatos de tortura y desesperación
El momento más dramático de la concentración ocurrió sobre la tarima principal, donde las madres de los detenidos ofrecieron testimonios desgarradores sobre presuntas violaciones de derechos humanos. Fanny Lozada, madre de la detenida Ariannys Araujo Lozada, sufrió un desmayo tras denunciar públicamente las torturas a las que habrían sido sometidos sus nietos menores de edad durante los operativos de captura.
«Al de 15 años lo torturaron, le amarraron la cabeza con una bolsa, le metieron corriente. Es un bebé, no quiso seguir estudiando”, relató Lozada antes de desplomarse, advirtiendo además que no posee fe de vida de su hija.
Por su parte, Evelyn Cano, vocera de los familiares en el comando de la PNB, enfatizó que la lucha no es por casos aislados, sino por la libertad plena de todos los prisioneros. «Hemos pernoctado 25 días esperando respuestas; hoy exigimos que se cumpla la palabra y se apruebe la ley», sentenció.
El debate sobre la Amnistía General
La propuesta de una Amnistía General presentada recientemente por el Ejecutivo, que abarcaría casos desde 1999 hasta la actualidad, ha generado reacciones mixtas. Si bien representa una esperanza para las familias, organizaciones como el Foro Penal advierten sobre los riesgos de un proceso excluyente.
Alfredo Romero, director de la ONG, señaló que el organismo contabiliza actualmente 687 presos políticos. Romero fue enfático al declarar que cualquier medida que ignore a la sociedad civil y a las ONG críticas no representa un verdadero camino hacia la paz, calificando la gestión unilateral como una práctica propia del autoritarismo.
Puntos clave de la jornada:
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Exigencia principal: Aprobación inmediata de la ley ante la Asamblea Nacional.
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Denuncias: Retrasos procesales, falta de fe de vida y tratos crueles en centros de reclusión.
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Apoyo estudiantil: La UCV reafirmó su compromiso con la reparación del daño y la justicia transicional.
Mientras la Comisión de Revolución Judicial evalúa el proyecto de ley, en las calles la consigna es clara: no habrá convivencia real sin la liberación total de quienes permanecen tras las rejas por motivos ideológicos.
