La organización no gubernamental Foro Penal ha manifestado su preocupación ante la evidente contradicción entre los datos suministrados por el Ejecutivo y las verificaciones realizadas en el terreno sobre las recientes excarcelaciones en Venezuela.
Mientras que voceros oficiales hablan de un número que supera los 800 ciudadanos liberados, la ONG advierte que la opacidad informativa sigue siendo la norma.
Una brecha en la información oficial
Según las declaraciones más recientes de los organismos del Estado, el proceso de liberación —iniciado tras los anuncios del pasado 8 de enero— habría beneficiado a más de 800 presos políticos.
No obstante, Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, aclaró que sus registros confirman una cifra significativamente menor de personas que han recuperado su libertad de manera efectiva bajo este último decreto.
Esta falta de claridad no es solo un tema de números; representa una profunda incertidumbre para las familias de los detenidos. La ausencia de una lista oficial de excarcelados impide que los parientes y abogados tengan certeza sobre quiénes han salido de los centros de reclusión, obligándolos a realizar guardias improvisadas a las puertas de las cárceles para obtener información de primera mano.
Situación actual de los derechos humanos
El Foro Penal subrayó que, aunque toda liberación es un avance, muchas de estas medidas no representan una libertad plena. La mayoría de los ciudadanos que abandonan las celdas quedan sujetos a medidas cautelares, como la prohibición de salida del país, regímenes de presentación ante tribunales y restricciones de expresión, lo que mantiene su estatus jurídico en un limbo legal.Hasta la fecha, la organización continúa trabajando en la verificación de identidades caso por caso.
El llamado desde la sociedad civil es unánime: se exige transparencia total y la publicación detallada de los nombres para brindar tranquilidad a los hogares venezolanos que aún esperan por la justicia.
