La reciente ola de excarcelaciones en Venezuela ha comenzado a revelar la cruda realidad que enfrentan los presos políticos en los centros de detención del país. Tras recuperar su libertad, figuras como Óscar Castañeda y Gerardo Carrero han expuesto testimonios desgarradores que apuntan a un patrón de tortura y tratos crueles bajo la custodia de los organismos de inteligencia.
Uno de los casos más impactantes es el de Óscar Castañeda, un ciudadano detenido en abril de 2024 tras participar en un acto político en Turén. Al momento de su liberación, el contraste físico fue evidente: Castañeda salió con severas dificultades para caminar y aparentemente desorientado, lo que familiares y activistas califican como el resultado directo de aislamiento y maltrato prolongado.
«La Tumba»: El sótano del horror en Plaza Venezuela
Por su parte, el ex prisionero político Gerardo Carrero ofreció detalles sobre las condiciones de reclusión en la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, conocida como «La Tumba». Según su relato, este lugar consta de siete calabozos de dimensiones reducidas (1 metro por 1 metro) donde se aplican métodos de tortura blanca.
Entre las denuncias más graves realizadas por Carrero destacan:
- Exposición a temperaturas extremadamente bajas que provocan daños en la piel.
- Uso de iluminación constante para impedir el sueño y causar desorientación.
- Privación de asistencia médica, lo que en su caso derivó en infecciones graves y pérdida de piezas dentales.
- Vigilancia permanente a través de micrófonos y cámaras para quebrar el espíritu de los detenidos.
Javier Tarazona: «La justicia es el primer paso para la reconciliación»
El director de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, quien permaneció más de cuatro años en El Helicoide, se unió a las voces que piden una reforma estructural del sistema judicial venezolano. Tras su salida, Tarazona asistió a una vigilia a las afueras del centro de reclusión para acompañar a quienes aún permanecen tras las rejas.
Tarazona enfatizó que la Ley de Amnistía propuesta debe ser un camino real hacia la justicia y no solo un movimiento administrativo. Según sus cifras, actualmente existen miles de familias afectadas, con un estimado de 84,000 madres que tienen hijos en cautiverio bajo el sistema penitenciario y policial del país.
Un sistema bajo la lupa internacional
Estos relatos refuerzan los informes de organismos internacionales sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Los sobrevivientes coinciden en que el cierre de centros como El Helicoide es insuficiente si no se garantiza la no repetición de estos hechos y si el aparato judicial sigue siendo utilizado como una herramienta de castigo político en lugar de impartir justicia.
Para la opinión pública nacional e internacional, estas liberaciones son apenas el inicio de un largo proceso donde la justicia divina y terrenal sigue siendo el clamor principal de las víctimas de un sistema denunciado por su crueldad.
